Son 12 trabajadoras del área de Servicios Sociales del ayuntamiento de la capital, con una antigüedad en el puesto de entre 14 y 18 años, pero todas están en fraude de ley. Ahora el gobierno municipal ha decidido regularizar su situación, pero con una convocatoria de plazas que ellas consideran injusta.

Los sindicatos han presentado alegaciones, pero no se las han aceptado y el colegio profesional ha presentado un recurso de alzada. 

Acusan al gobierno municipal de vulnerar sus derechos laborales.

Estas trabajadoras están contratadas como personal laboral indefinido pero una sentencia europea obliga a hacerlas fijas. La mayoría tiene más de 50 años.